El régimen venezolano anunció este viernes el inicio formal del proceso para retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional, una decisión de enorme trascendencia jurídica que ocurre mientras el tribunal de La Haya mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El canciller Félix Plasencia informó que, siguiendo instrucciones de Delcy Rodríguez, Caracas comunicó a António Guterres, en su condición de depositario del Estatuto de Roma, la decisión de denunciar el tratado e iniciar el retiro conforme a su artículo 127. El Gobierno calificó la decisión como “firme e irrevocable”.
Caracas justificó la medida acusando a la CPI de mantener un supuesto “sesgo geográfico” contra países del denominado Sur Global. Según el Ejecutivo venezolano, la justicia internacional habría sido instrumentalizada políticamente y utilizada para vulnerar la soberanía y la autodeterminación de determinadas naciones. Se trata de argumentos del Gobierno venezolano, no de conclusiones independientes sobre el funcionamiento del tribunal.
La decisión no surge de manera aislada. En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional ya había aprobado la derogación de la adhesión venezolana al Estatuto de Roma, después de que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en Caracas por considerar que no existían avances genuinos suficientes en materia de complementariedad. Al mismo tiempo, el tribunal dejó claro que la investigación sobre Venezuela continuaba activa desde La Haya.
Salir de la CPI no borra la investigación
Abandonar el Estatuto de Roma no significa que desaparezca automáticamente el expediente Venezuela. El propio artículo 127 establece límites a los efectos de una retirada sobre obligaciones previamente adquiridas y asuntos que ya estaban bajo consideración de la Corte. Por ello, la decisión anunciada por Caracas no equivale al cierre de las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos mientras Venezuela estaba sometida a la jurisdicción del tribunal.
La medida abre así un nuevo enfrentamiento entre Caracas y la justicia penal internacional: Venezuela inicia el camino para abandonar la CPI, pero la investigación que durante años ha colocado bajo escrutinio internacional la actuación de funcionarios venezolanos no desaparece con la denuncia del Estatuto de Roma.