El Gobierno de Abelardo De La Espriella está acelerando su ofensiva contra las estructuras armadas y criminales de Colombia. En los últimos días, el presidente ha anunciado nuevas capturas de integrantes de las disidencias de las FARC y organizaciones dedicadas al narcotráfico, en una demostración de la política de “mano dura” prometida desde su llegada al poder.
Uno de los golpes más recientes se produjo con la captura de 10 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. Cinco miembros del Frente Oliver Sinisterra fueron detenidos en flagrancia con explosivos, armas, granadas y municiones; otros cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño fueron capturados en Cauca, mientras en Antioquia fue detenida alias “La Mona”, señalada de pertenecer a la Estructura 36.
A esta ofensiva se suma la captura de alias “Ever”, señalado cabecilla de Los Costeños, operación que el propio mandatario presentó como una señal de que “se acabó la contemplación” con las organizaciones criminales. De La Espriella aseguró que la Fuerza Pública irá detrás de los responsables “uno por uno”, mientras las autoridades intensifican las operaciones contra redes de sicariato, extorsión y narcotráfico.
La estrategia también contempla una cooperación más estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que Colombia solicitó colaboración para realizar operaciones conjuntas contra el denominado narcoterrorismo y anunció su incorporación a la iniciativa “Shield of the Americas”.
El mensaje de Bogotá es contundente: la política de seguridad cambió de rumbo. Después de años de estrategias centradas en negociaciones con grupos armados, el nuevo Gobierno apuesta por recuperar la presión militar y policial. El desafío será determinar si esta ofensiva consigue debilitar realmente a las organizaciones criminales o si, por el contrario, provoca una nueva escalada de violencia en las zonas donde operan las disidencias, el ELN y las bandas del narcotráfico.