Venezuela atraviesa una nueva ola de protestas por los prolongados apagones, la falta de agua y el deterioro de los servicios básicos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 652 manifestaciones durante agosto de 2026, un promedio de 21 a 22 movilizaciones diarias. De ese total, 226 estuvieron relacionadas directamente con las fallas eléctricas, mientras que los reclamos por electricidad, agua y otros derechos sociales concentraron buena parte de la conflictividad.
Desde finales de septiembre, las manifestaciones nocturnas se han multiplicado en estados como Aragua, Cojedes, Lara, Zulia, Carabobo, Miranda y Guárico. En localidades como Valencia, Maracay, Barinas, San Mateo, Cagua, Turmero, Cojeditos y Apartaderos, los vecinos han protagonizado cacerolazos, bloqueos de calles y carreteras, y otras acciones de protesta tras denunciar interrupciones que en algunas zonas superan las ocho y hasta las doce horas diarias. En Maracaibo también se reportaron cierres viales y concentraciones para exigir la restitución del servicio eléctrico.
La crisis va más allá de quedarse a oscuras: los cortes afectan la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de comercios, las jornadas laborales y las actividades escolares. A las fallas eléctricas se suman denuncias por interrupciones en el suministro de agua y dificultades económicas que golpean especialmente a trabajadores, pensionados y familias vulnerables. El 7 de octubre, El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 26 protestas en diez estados, por servicios públicos, reivindicaciones laborales y acceso a la justicia, una señal de que el malestar social continúa extendiéndose por distintas regiones del país.
Las movilizaciones reflejan una exigencia cada vez más visible: respuestas concretas y soluciones sostenidas a problemas que condicionan la vida cotidiana de millones de venezolanos. Mientras las comunidades reclaman cronogramas claros de racionamiento, restitución del suministro y mejoras en la infraestructura eléctrica, persiste la preocupación por la falta de previsibilidad y por la ausencia de información suficiente para planificar sus actividades. La dimensión del conflicto, reflejada en estas cifras y en los reportes de las últimas jornadas, mantiene bajo presión a las autoridades responsables de los servicios públicos.