El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres personas privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país y advirtió que la cifra de reclusos fallecidos entre abril y julio de 2026 asciende ya a 54 casos, en medio de una creciente preocupación por las condiciones de salud y atención médica dentro del sistema penitenciario venezolano. La organización exigió investigaciones independientes para determinar si existieron omisiones, retrasos en la asistencia sanitaria o fallas institucionales que pudieron contribuir a estos decesos.
Según el OVP, las víctimas permanecían recluidas en establecimientos penitenciarios de Carabobo, Miranda y Lara. Uno de los casos corresponde a Anthony José Portillo Gómez, interno del Centro Penitenciario de Carabobo (Tocuyito), quien falleció el 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera tras presentar complicaciones asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva. También fueron reportadas las muertes de Víctor José Salgado, recluido en el Internado Judicial Rodeo IV (Miranda), y Adrián Felipe, interno del Centro Penitenciario Fénix Lara, quien murió luego de sufrir deshidratación severa, hipotensión arterial y un síndrome diarreico agudo.
La organización defensora de los derechos de las personas privadas de libertad sostuvo que estos casos reflejan el deterioro de las condiciones sanitarias en las cárceles venezolanas y cuestionó la actuación de las instituciones responsables de garantizar la vida y la integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado. El OVP insistió en que la atención médica no puede limitarse al traslado de los reclusos cuando su estado ya es crítico, sino que debe existir una política preventiva y un seguimiento permanente de los internos con problemas de salud.
Ante esta situación, la ONG exhortó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a abrir investigaciones exhaustivas sobre cada uno de los fallecimientos para establecer eventuales responsabilidades. El OVP recordó que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de proteger la vida y la salud de todas las personas bajo su custodia, por lo que advirtió que la repetición de estos casos evidencia una crisis estructural que continúa cobrando vidas dentro del sistema penitenciario venezolano.