El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que al menos 51 personas privadas de libertad fallecieron entre abril y julio de 2026 en distintos centros penitenciarios del país, una cifra que, según la organización, refleja el deterioro de las condiciones de reclusión y la persistente crisis del sistema penitenciario venezolano.
En un pronunciamiento la ONG afirmó que, a 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la población reclusa. El OVP sostuvo que el hacinamiento, la falta de atención médica y las deficientes condiciones sanitarias siguen siendo algunos de los principales problemas que enfrentan los internos.
Como ejemplo de esa situación, la organización señaló el caso del centro penitenciario El Marite, en el estado Zulia, donde una infraestructura diseñada para albergar aproximadamente 700 reclusos mantiene actualmente una población superior a 1.000 personas, lo que, a juicio del OVP, incrementa los riesgos para la salud, la seguridad y la integridad de los privados de libertad.
Días antes, el Observatorio advirtió que varios de los fallecidos presentaban enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, diarreas agudas y cuadros de deshidratación severa, patologías que, según la organización, pudieron haber sido atendidas oportunamente con acceso adecuado a servicios médicos. El OVP insistió en que, cuando una persona muere bajo custodia del Estado por presunta falta de atención sanitaria, corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias del fallecimiento, determinar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Ante esta situación, la organización exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones independientes sobre cada uno de los decesos y evaluar la gestión del sistema penitenciario, al considerar que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la vida, la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad.