El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 16 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones en cárceles y centros de detención del país.
La organización informó que la víctima más reciente fue identificada como Gregorio Antonio Arias, recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón. Su fallecimiento se suma a otros casos registrados en penales como Rodeo III, Rodeo IV, Uribana, Tocuyito, El Marite, Fénix Lara, Yare II y distintos calabozos policiales.
El OVP advirtió que muchas de las muertes estarían relacionadas con presuntas negligencias médicas, falta de atención sanitaria y condiciones críticas de reclusión. En algunos casos, familiares denunciaron signos de violencia en los cuerpos de los detenidos, como ocurrió recientemente en Yare II, donde autoridades manejaron inicialmente la hipótesis de un motín.
A través de sus redes sociales, la organización aseguró que la situación “se asemeja cada vez más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales”, señalando además que numerosas familias deben costear alimentos, medicamentos e insumos básicos para los reclusos.
El observatorio exigió investigaciones “exhaustivas e imparciales” sobre cada uno de los fallecimientos y anunció que continuará documentando los casos para presentarlos ante organismos internacionales de derechos humanos.