Meta ejecutó una ofensiva contra la estructura digital de una organización armada de extrema izquierda con presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela, y logró desactivar más de 1.400 cuentas, páginas y otros activos digitales entre 2025 y 2026, utilizados para propaganda, reclutamiento de nuevos integrantes y exhibición de su presencia territorial.
La operación comenzó en 2025. En una primera fase fueron eliminados más de 250 activos y, posteriormente, en mayo de ese año, otros más de 800 vinculados tanto a la organización como a un grupo aliado. A estas acciones se sumaron más de 350 activos adicionales deshabilitados durante 2026 mediante sistemas automatizados. Las medidas alcanzaron plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, además de direcciones digitales relacionadas con canales de propaganda.
Según Meta, la organización trasladó parte de su aparato propagandístico a internet después de perder alcance mediante sus emisoras clandestinas. En las redes difundía material ideológico, fotografías y videos de entrenamiento militar, armamento y presencia territorial, con especial énfasis en atraer a jóvenes. La empresa también detectó el uso de servicios de mensajería cifrada para mantener la propaganda y, presuntamente, coordinar amenazas e intimidaciones contra grupos rivales.
La dimensión del problema también ha sido advertida por Human Rights Watch. La organización señaló recientemente que las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para el reclutamiento de menores por grupos armados colombianos y citó datos de la Jurisdicción Especial para la Paz según los cuales 44 % de los niños reclutados en 2025 fueron captados a través de redes sociales.
Meta afirma que combina inteligencia artificial, modelos de lenguaje y revisión especializada para identificar patrones de nombres, palabras clave y conexiones entre cuentas. Solo en el segundo trimestre de 2026 reportó una detección proactiva del 98,8 % de 3,8 millones de contenidos terroristas sancionados. Además, la compañía desarrolló en Colombia una campaña dirigida a unos 20.000 usuarios de entre 13 y 25 años que habían interactuado con redes asociadas a estos grupos, en un intento por reducir el riesgo de nuevos reclutamientos.
El caso revela una nueva dimensión de la disputa armada en la frontera colombo-venezolana: las organizaciones ilegales ya no dependen únicamente del territorio físico o de emisoras clandestinas para ampliar su influencia; también utilizan las plataformas digitales como herramientas de propaganda, captación y presión sobre las comunidades.