La crisis eléctrica en el estado Lara continúa agravándose y mantiene bajo tensión a miles de familias que diariamente enfrentan extensos cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y largas horas de oscuridad, especialmente en sectores populares de Barquisimeto y municipios cercanos.
Vecinos denuncian que el racionamiento aplicado por Corpoelec ya no solo afecta la rutina cotidiana, sino que se ha convertido en una amenaza directa para la salud y la seguridad de la población, particularmente para adultos mayores y personas vulnerables.
Uno de los casos más críticos se vive en la carrera 3 de Cerritos Blancos, al oeste de Barquisimeto, donde residentes aseguran que las interrupciones eléctricas dejan calles completamente oscuras y peligrosas debido al deterioro de aceras y vías.
“Ya no se trata de adaptarse; esto es una emergencia de salud pública”, advirtió un reconocido médico pediatra larense a través de redes sociales, al denunciar el impacto físico y emocional que generan los apagones constantes en la población.
La preocupación aumenta entre familias con personas de la tercera edad, quienes muchas veces deben movilizarse en medio de la oscuridad, exponiéndose a caídas, accidentes y situaciones de inseguridad.
Según cifras del Observatorio Ciudadano Activos por la Luz, solo durante el pasado domingo al menos 16 comunidades larenses resultaron afectadas por cortes eléctricos y fluctuaciones de voltaje.
El municipio Iribarren fue el más golpeado por la llamada “administración de carga”, acumulando más de 36 horas de interrupciones distribuidas en distintos sectores. Cuatro comunidades reportaron cortes continuos superiores a cinco horas.
En Palavecino también se registraron múltiples apagones y variaciones de voltaje, mientras que en Simón Planas los habitantes denunciaron nuevos cortes y daños en equipos eléctricos.
La situación ha generado creciente molestia ciudadana en Lara, donde vecinos denuncian pérdidas de alimentos, daños de electrodomésticos, interrupciones en actividades comerciales y afectaciones a pacientes que dependen de equipos médicos eléctricos.
Las denuncias ocurren en medio de un aumento de protestas por servicios públicos en distintas regiones del país, donde comunidades exigen respuestas ante el deterioro progresivo del sistema eléctrico nacional.