La preocupación vuelve a crecer en el municipio Miranda del estado Mérida, donde habitantes de varias comunidades denunciaron la falta de trabajos preventivos en sectores considerados de alto riesgo tras la crecida del río Motatán ocurrida el 24 de junio de 2025. Los vecinos advierten que, a pesar de los daños causados por las lluvias de ese año, numerosas zonas continúan vulnerables ante un eventual desbordamiento del afluente. La emergencia de junio afectó severamente a varios municipios andinos y dejó importantes daños en infraestructura, vialidad y viviendas.
Según la denuncia ciudadana, los sectores Playitas I, II y III figuran entre los más expuestos, con entre 80 y 100 viviendas ubicadas cerca del cauce del río y sin que hasta la fecha se hayan ejecutado labores de canalización. Los residentes aseguran que, mientras en comunidades como Agua Blanca y Los Llanitos se han observado algunos trabajos con maquinaria, en las áreas más pobladas del municipio no se han realizado intervenciones que permitan reducir el riesgo para las familias.
Los habitantes también alertaron que una eventual crecida podría comprometer importantes vías de comunicación, entre ellas las avenidas Guaicaipuro, Puro y La 40, fundamentales para la movilidad de los habitantes y el transporte de la producción agrícola de la zona. Asimismo, señalaron que persisten problemas en sectores como Los Arenales, Mucusé, Kennedy, Chachopo y La Venta, donde fallas de borde, deslizamientos y daños acumulados representan una amenaza constante para conductores y unidades de transporte público.
A través de un comunicado público, los vecinos exigieron la realización de inspecciones técnicas inmediatas y la asignación de maquinaria pesada operativa para ejecutar trabajos de canalización y mitigación de riesgos. La denuncia fue difundida por el periodista Jordin Morales y colaboradores, quienes respaldan el reclamo ciudadano amparado en los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana, relacionados con el derecho a la libre expresión y al acceso a la información. Mientras tanto, las comunidades insisten en que no quieren esperar a una nueva tragedia para que se adopten las medidas necesarias.
