La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien investiga por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, entre otros. La decisión se produce en el marco de las investigaciones por los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, una crisis que paralizó gran parte del país y derivó en enfrentamientos, escasez de productos básicos y millonarias pérdidas económicas.
Según el Ministerio Público, los bloqueos ocasionaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, afectando el funcionamiento de hospitales, el transporte y la actividad productiva. Las autoridades atribuyen a las protestas un saldo de al menos 16 fallecidos y pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares, cifras que forman parte de los elementos incorporados a la investigación penal.
La nueva orden representa un giro importante en la situación judicial del exmandatario. Aunque a comienzos de julio la Fiscalía de La Paz había señalado que Morales no figuraba en una de las investigaciones abiertas por los bloqueos, posteriormente fue admitida otra denuncia penal presentada en Santa Cruz que lo señala, junto a otros dirigentes, por su presunta responsabilidad en la organización de las protestas. Esa causa incluye acusaciones por terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa, entre otros delitos.
Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde también enfrenta una orden de captura previa dentro del proceso por presunta trata agravada de personas. El exgobernante ha rechazado reiteradamente las acusaciones y sostiene que los procesos judiciales en su contra tienen motivaciones políticas. Entretanto, las autoridades bolivianas mantienen un operativo para ejecutar la nueva orden de aprehensión.
