El cierre de El Helicoide, durante años símbolo de las denuncias de tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela, no significó el final del calvario para numerosos presos políticos. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchos detenidos simplemente fueron trasladados a otras cárceles, entre ellas El Rodeo I, donde familiares aseguran que permanecen sometidos a aislamiento, condiciones degradantes y presuntos malos tratos.
La activista Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, describió a La Patilla las condiciones en las que permanece recluido su hermano Josnars Adolfo Baduel: una celda de aproximadamente dos metros por dos, una cama de cemento y una letrina. Su hermano permanece detenido en El Rodeo I desde hace años y su familia denuncia que arrastra graves secuelas de las presuntas torturas sufridas durante su encarcelamiento.
El caso tiene además una dolorosa historia familiar. Andreína es hija del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, quien murió bajo custodia estatal en octubre de 2021. Sobre Josnars, la familia asegura que padece lesiones en hombros y rodillas, hernias, problemas pulmonares y otras secuelas que requerirían varias intervenciones quirúrgicas. En mayo, Andreína Baduel volvió a denunciar que su hermano continuaba “aislado, enfermo” y sin recibir la atención médica que consideran necesaria.
De El Helicoide a otras cárceles
El traslado masivo está documentado. El Foro Penal confirmó el 4 de junio que al menos 90 presos políticos fueron sacados de El Helicoide y distribuidos entre La Planta, Yare, El Rodeo, Tocuyito y otros establecimientos. La ONG denunció incertidumbre entre familiares, suspensión de visitas y falta de información oficial sobre el destino de algunos detenidos. Para ese momento, Foro Penal contabilizaba 404 presos políticos en Venezuela.
La preocupación por lo ocurrido después del cierre llegó hasta Naciones Unidas. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, valoró positivamente el cierre de El Helicoide, pero hizo una advertencia especialmente grave: algunos de sus internos habían sido enviados a centros con condiciones todavía peores, en determinados casos sin que sus familiares o abogados fueran informados.
Las denuncias sobre El Rodeo I se han agravado después de los terremotos. El CLIPP ha asegurado que presos políticos fueron golpeados y sometidos a intentos de asfixia con gas pimienta y gases lacrimógenos. Según la organización, Josnars Baduel habría recibido atención médica aproximadamente 48 horas después de agravarse su problema respiratorio. Los familiares también han denunciado preocupación por la seguridad estructural del penal tras los sismos y sus numerosas réplicas. Las autoridades venezolanas no habían respondido públicamente a esas acusaciones específicas, según los reportes consultados.
El cierre de El Helicoide, por tanto, no puede interpretarse como el cierre del capítulo de los presos políticos venezolanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos documentó que organismos internacionales habían determinado la existencia allí de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora, mientras aquel lugar deja de funcionar como centro de reclusión, familiares y organizaciones plantean una pregunta mucho más incómoda: ¿se terminó el sistema denunciado durante años o simplemente cambió de dirección?