El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos sumó un giro clave tras la decisión de Washington de autorizar el uso de fondos del Estado venezolano para pagar su defensa legal y la de su esposa, Cilia Flores.
La medida fue adoptada mediante licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten a los abogados recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas, en medio del juicio por narcoterrorismo que se sigue en Nueva York.
Según fuentes judiciales, la decisión responde a criterios legales y constitucionales, ya que impedir el acceso a estos recursos podría vulnerar el derecho de los acusados a elegir su defensa, lo que habría puesto en riesgo la validez del proceso.
Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero, y enfrentan cargos graves relacionados con narcotráfico y conspiración criminal.
La autorización marca un cambio respecto a restricciones previas que bloqueaban el uso de fondos estatales, y permite ahora financiar equipos legales de alto nivel en territorio estadounidense mientras avanza el caso.
Sin embargo, la decisión ha generado controversia, ya que implica que recursos públicos venezolanos sean utilizados en un proceso judicial internacional, en un contexto de crisis económica interna.
El caso continúa desarrollándose en tribunales federales, en medio de tensiones políticas y jurídicas que mantienen la atención internacional sobre uno de los procesos más relevantes vinculados a Venezuela en los últimos años.