Una nueva controversia rodea al sistema de reclusión venezolano luego de que organizaciones de derechos humanos y familiares denunciaran el traslado de decenas de presos políticos que permanecían recluidos en El Helicoide, en Caracas, hacia el Complejo Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo.
De acuerdo con información difundida por activistas y defensores de derechos humanos, cerca de 80 detenidos habrían sido movilizados durante la madrugada de este jueves, en medio de un operativo realizado bajo estrictas medidas de seguridad. Familiares de los reclusos permanecieron durante horas en las afueras de El Helicoide intentando obtener información e impedir el traslado, pero la operación se ejecutó sin que se ofrecieran detalles oficiales sobre las condiciones ni el destino de todos los internos.
La situación ha generado preocupación debido a que el traslado ocurre semanas después de que se anunciara el cierre de El Helicoide como centro de reclusión. Sin embargo, familiares y organizaciones sostienen que la medida no representa una liberación ni una mejora en las condiciones de los detenidos. «No cerraron El Helicoide, se lo llevaron a Carabobo», expresaron algunos allegados, cuestionando que los presos simplemente hayan sido reubicados en otra cárcel del sistema penitenciario.
Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han advertido que el traslado a Tocuyito podría dificultar aún más el acceso de familiares y abogados a los detenidos, debido a la distancia entre Caracas y el estado Carabobo. Asimismo, recordaron que el complejo penitenciario de Tocuyito ha sido objeto de denuncias en el pasado por hacinamiento, restricciones de visitas y condiciones de reclusión cuestionadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial detallando el número exacto de trasladados ni las razones específicas de la medida. Mientras tanto, familiares exigen información sobre el estado de salud y la ubicación de los detenidos, al tiempo que reclaman la libertad de quienes consideran presos por razones políticas.
La denuncia reaviva el debate sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y sobre el destino de los centros de detención administrados por organismos de inteligencia, cuya clausura había sido presentada por el régimen como parte de una reestructuración del sistema de reclusión. Para los familiares, sin embargo, el problema sigue siendo el mismo: los detenidos continúan privados de libertad, aunque ahora en una cárcel distinta y a cientos de kilómetros de sus hogares.