La justicia argentina dio un paso que podría marcar un precedente histórico en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Un tribunal federal solicitó formalmente a España la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, señalado por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2014.
La solicitud forma parte de una causa que se tramita en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, mecanismo jurídico que permite investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos independientemente del país donde ocurrieron los hechos.
Uno de los casos centrales incluidos en el expediente es el asesinato de Geraldin Moreno Orozco, una joven de 23 años que recibió múltiples disparos de perdigones durante una protesta en Naguanagua, estado Carabobo, el 19 de febrero de 2014. La joven falleció días después debido a la gravedad de las heridas.
Según la investigación, Verdú Torrelles se desempeñaba entonces como segundo comandante de un destacamento de la GNB en Valencia, unidad desde la cual operaban los grupos desplegados para contener las manifestaciones. Los querellantes sostienen que el oficial formaba parte de la cadena de mando responsable de la represión que dejó decenas de muertos y cientos de heridos durante las protestas de ese año.
La organización InterJust informó que el exmilitar reside actualmente en España, hecho que permitió activar el procedimiento de extradición. El Consejo de Ministros español habría autorizado en marzo la continuidad del trámite, que ahora se encuentra bajo estudio de la Audiencia Nacional.
Para los familiares de las víctimas, la solicitud representa una oportunidad inédita de obtener justicia fuera de Venezuela. Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, ha denunciado durante más de una década la falta de avances judiciales en su país y ha respaldado activamente la investigación abierta en Argentina.
Expertos en derechos humanos consideran que, de concretarse la extradición, sería uno de los casos más relevantes derivados de las investigaciones internacionales sobre presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la represión de manifestaciones en Venezuela.
La decisión final sobre la entrega de Verdú Torrelles corresponde ahora a las autoridades judiciales españolas. De aprobarse, el exoficial venezolano podría convertirse en uno de los primeros exfuncionarios vinculados a la represión de 2014 en enfrentar un proceso penal internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
