El malestar por los apagones vuelve a tomar las calles de Venezuela. Durante las últimas semanas se han registrado protestas y cacerolazos en distintos estados, con especial intensidad en Aragua y Carabobo, donde vecinos denuncian interrupciones que en algunos sectores superan las ocho y diez horas diarias. El Pitazo contabilizó al menos 14 protestas en siete estados en un período de diez días.
En Aragua, habitantes de Turmero, San Mateo y otros sectores han salido con cacerolas para exigir la restitución del servicio eléctrico. Las fallas también golpean el suministro de agua, ya que la interrupción de la electricidad afecta los sistemas de bombeo. Los ciudadanos denuncian además daños en neveras, cocinas, microondas y otros equipos domésticos debido a las fluctuaciones y apagones, aunque estas averías corresponden principalmente a testimonios y denuncias vecinales y no existe un balance nacional oficial sobre los electrodomésticos afectados.
La respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez ha incluido un nuevo llamado al ahorro de electricidad y agua, además de medidas para reducir el consumo en organismos públicos. Las autoridades atribuyen parte de la presión sobre el sistema a factores climáticos y han anunciado planes para incorporar 4.800 megavatios al sistema eléctrico. Sin embargo, organizaciones y especialistas críticos cuestionan que las medidas de ahorro resuelvan problemas estructurales asociados a generación, transmisión, distribución y mantenimiento de la red.
El contraste resulta cada vez más evidente: mientras el Gobierno pide a los venezolanos ahorrar, miles de familias reclaman que el problema no es cuánto consumen, sino cuánto tiempo permanecen sin electricidad. Los apagones afectan la conservación de alimentos, el comercio, el acceso al agua y la vida cotidiana, convirtiendo la crisis eléctrica en un nuevo foco de presión social para las autoridades.