El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Ramón Alexis Franco, un privado de libertad que se encontraba recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, en el estado Carabobo. De acuerdo con la organización, el recluso falleció en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, donde fue trasladado tras presentar complicaciones de salud. Según la información recibida por el OVP, la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre la enfermedad que padecía ni sobre la atención médica que recibió mientras permaneció bajo custodia del Estado.
La organización defensora de los derechos humanos cuestionó la falta de transparencia en torno al caso y exigió una investigación que permita esclarecer las circunstancias del deceso. El OVP pidió a las autoridades informar cuánto tiempo permaneció el recluso con problemas de salud, qué tratamiento recibió dentro del penal y por qué fue trasladado al hospital, al considerar que toda muerte bajo custodia del Estado debe ser objeto de una investigación exhaustiva.
El observatorio advirtió que este fallecimiento ocurre en medio de una situación grave de hacinamiento en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador. Según sus registros, el establecimiento fue diseñado para albergar aproximadamente 1.100 personas, pero actualmente mantiene una población superior a 2.300 privados de libertad, lo que representa una ocupación superior al 200 % y más de 1.200 internos por encima de su capacidad instalada. A juicio de la organización, esta sobrepoblación limita el acceso a servicios básicos, especialmente a la atención médica, y agrava las condiciones de reclusión.
El caso de Ramón Alexis Franco se suma a una serie de fallecimientos denunciados por el OVP en los últimos meses. La organización sostiene que la crisis sanitaria y el hacinamiento continúan siendo problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano y reitera que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la salud de las personas privadas de libertad mientras permanecen bajo su custodia.