La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española abandonó la noche de este miércoles la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz de Madrid, luego de permanecer más de 12 horas dentro de las instalaciones recopilando documentación, registros electrónicos y material vinculado a una investigación judicial que sacude al oficialismo español.
El operativo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, forma parte de las pesquisas relacionadas con el denominado “caso Leire”, una trama que investiga presuntos pagos irregulares, tráfico de influencias y supuestas maniobras para interferir en investigaciones judiciales sensibles para el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante la jornada, agentes de la UCO accedieron a oficinas administrativas, áreas de informática y dependencias vinculadas a la gerencia y organización interna del PSOE, donde recopilaron correos electrónicos, registros de reuniones, documentación financiera y archivos digitales.
La investigación también involucra a figuras de alto perfil del socialismo español, entre ellas el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido Ana María Fuentes, quienes fueron imputados por presuntos delitos relacionados con organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Según los documentos judiciales divulgados por medios españoles, la Audiencia Nacional sospecha que desde la estructura del partido se habrían canalizado pagos hacia la exmilitante socialista Leire Díez y su entorno para presuntamente intentar desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al círculo cercano del presidente Pedro Sánchez.
El operativo en Ferraz se desarrolló simultáneamente con registros en domicilios y oficinas de varios de los investigados, incluyendo propiedades vinculadas a Santos Cerdán y al empresario Javier Pérez Dolset.
La presencia de la Guardia Civil en la sede socialista generó un terremoto político en España y abrió una nueva crisis para el Gobierno de Sánchez, que enfrenta crecientes presiones por las investigaciones que afectan a figuras clave del oficialismo y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunque desde el PSOE insistieron en que colaborarán con la justicia y minimizaron el operativo calificándolo como un “requerimiento de información”, dirigentes opositores denunciaron que se trata de uno de los episodios más graves que ha enfrentado el partido en los últimos años.