Después de más de seis años de retrasos judiciales, audiencias suspendidas y denuncias sobre las condiciones de reclusión, siete personas acusadas de participar en un presunto plan para secuestrar al dirigente chavista Diosdado Cabello fueron condenadas a penas de entre 8 y 26 años de cárcel en Venezuela.
El caso, considerado uno de los expedientes más sensibles vinculados a supuestas conspiraciones contra altos dirigentes del chavismo, se remonta a 2020, cuando organismos de seguridad arrestaron a nueve personas en operativos realizados en Maturín y El Furrial, estado Monagas, tierra natal de Cabello.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los detenidos presuntamente planeaban secuestrar al entonces número dos del chavismo para entregarlo a autoridades estadounidenses, aprovechando la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por información relacionada con Cabello.
Los acusados permanecieron recluidos durante años en el llamado “Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela”, anexo del Internado Judicial de Monagas conocido como La Pica, mientras el juicio acumulaba continuas prórrogas y denuncias de retardo procesal.
Uno de los casos más dramáticos fue el de Gabriel Medina Díaz, quien murió bajo custodia el 29 de agosto de 2021 luego de sufrir complicaciones asociadas a tuberculosis dentro del recinto penitenciario, hecho que generó denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones sanitarias y médicas en las cárceles venezolanas.
Finalmente, siete de los procesados recibieron condenas este 26 de mayo, mientras que Luis Eduardo Villarroel Caña fue absuelto y puesto en libertad. Villarroel había estado vinculado al PSUV y ocupaba funciones relacionadas con la clase obrera en El Furrial al momento de su detención.
Familiares de los condenados expresaron rechazo a la decisión judicial y denunciaron que el proceso estuvo marcado por años de retrasos, falta de garantías y condiciones de reclusión consideradas inhumanas.