Familiares de trabajadores detenidos protestaron ante la Fiscalía para exigir liberación de presos del caso PDVSA-Obrero

Darwyn Rosales

mayo 27, 2026

Familiares, trabajadores y activistas se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir la ampliación de medidas cautelares y la liberación de decenas de detenidos vinculados al denominado caso PDVSA-Obrero, una de las causas que más denuncias ha generado por presunta persecución contra trabajadores del sector energético venezolano.

Con pancartas, consignas y fotografías de los detenidos, los manifestantes reclamaron que las recientes excarcelaciones anunciadas por las autoridades venezolanas no han alcanzado a la mayoría de los trabajadores arrestados durante los operativos realizados entre 2024 y 2025.

Según denunciaron los familiares, al menos 76 personas continúan privadas de libertad o sometidas a procesos judiciales dentro del expediente PDVSA-Obrero, que involucra a empleados de PDVSA, funcionarios del INEA, trabajadores del Ministerio de Energía y Petróleo, militares y civiles.

Los asistentes insistieron en que muchos de los detenidos son padres de familia y trabajadores sin antecedentes penales, y rechazaron que sean presentados públicamente como terroristas o conspiradores.

“Estamos hablando de trabajadores venezolanos, no de delincuentes”, expresaron algunos de los manifestantes durante la protesta, en la que también exigieron el cese de la persecución judicial y garantías para quienes permanecen bajo investigación.

El caso PDVSA-Obrero ha sido señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos como una de las mayores operaciones de detención masiva contra trabajadores del sector petrolero venezolano en los últimos años. Diversas ONG aseguran que muchos de los arrestados fueron detenidos tras denunciar irregularidades administrativas, negarse a firmar documentos o reclamar mejoras laborales.

La protesta ocurre además en medio de crecientes cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano y a las condiciones de reclusión de presos políticos y trabajadores detenidos, luego de recientes denuncias sobre torturas, malos tratos y muertes bajo custodia en distintos centros penitenciarios del país.

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Darwyn Rosales
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