El juicio por la trama de corrupción conocida como “PDVSA-Cripto” entró en una nueva fase de tensión tras las declaraciones del exministro venezolano Tareck El Aissami, quien habría acusado directamente a figuras cercanas al poder chavista de participar en presuntos esquemas de corrupción, extorsión y tortura dentro del proceso judicial.
De acuerdo con reportes difundidos por medios venezolanos y por el exfiscal Zair Mundaray, El Aissami denunció durante las audiencias la existencia de una supuesta red de corrupción vinculada al mecanismo denominado “Atlantic 1 y 2”, un esquema financiero que presuntamente otorgaba préstamos en bolívares para luego ser cobrados en dólares. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial pública ni documentos judiciales divulgados que prueben directamente la implicación de Carlos Erick Malpica Flores o del fiscal general Tarek William Saab en dichos hechos.
El proceso judicial también se ha visto envuelto en denuncias de irregularidades. Versiones difundidas por medios digitales aseguran que las defensas cuestionaron actuaciones del tribunal por presuntos defectos procesales relacionados con la validación de actas y decisiones judiciales, lo que habría motivado solicitudes de nulidad del juicio. No obstante, las autoridades venezolanas no han emitido pronunciamiento oficial confirmando tales anomalías.
Durante las audiencias, El Aissami aseguró haber sido víctima de presuntas torturas, amenazas y coerción durante su detención, señalando específicamente a fiscales del caso y responsabilizando públicamente a Tarek William Saab por supuestos abusos ocurridos durante los interrogatorios. Las acusaciones fueron reseñadas por diversos medios y reproducidas por Mundaray en redes sociales.
El caso PDVSA-Cripto es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela. La Fiscalía venezolana sostiene que la trama generó pérdidas multimillonarias a la estatal petrolera mediante operaciones irregulares vinculadas al uso de criptomonedas y empresas fachada. Más de 60 personas han sido llevadas a juicio por el caso.