La crisis de los servicios públicos vuelve a encender las calles de Venezuela. Comunidades de distintas regiones del país han protagonizado nuevas manifestaciones para exigir soluciones ante los prolongados cortes de electricidad, la falta de agua potable y el deterioro generalizado de los servicios básicos.
El episodio más reciente se produjo este viernes 14 de agosto, cuando ciudadanos de Caracas, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Zulia, Monagas, Táchira, Miranda y Cojedes se concentraron en sedes de Corpoelec para reclamar por los apagones y cuestionar, además, el incremento de las tarifas eléctricas.
Las protestas se producen mientras el Gobierno impulsa un plan de ahorro de electricidad y agua ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Sin embargo, para numerosos ciudadanos la exigencia resulta difícil de entender cuando, según sus denuncias, el problema no es solamente el consumo, sino la incapacidad del sistema para garantizar un suministro estable.
Apagones de hasta ocho y diez horas
En diferentes estados los ciudadanos reportan interrupciones que pueden prolongarse durante buena parte del día.
En Lara, habitantes de Barquisimeto, Cabudare y otras localidades denunciaron cortes de alrededor de seis horas e incluso superiores. En algunas comunidades, además, el agua llega solamente una vez por semana, agravando el impacto sobre las familias.
En Portuguesa, usuarios denunciaron interrupciones de entre siete y ocho horas que afectan directamente actividades laborales. En Monagas, también se reportaron racionamientos nocturnos que se extendieron durante varias horas consecutivas.
La situación es especialmente crítica en Zulia, donde las altas temperaturas convierten los apagones en un problema de salud y seguridad para la población. Habitantes de la Costa Oriental del Lago denunciaron racionamientos de entre cinco y seis horas y daños en electrodomésticos provocados por las fluctuaciones eléctricas.
Agua: otra cara de la emergencia
El problema no termina cuando regresa la electricidad.
En comunidades de Palavecino, estado Lara, vecinos denunciaron que algunos sectores llevan más de dos semanas sin agua y se han visto obligados a comprarla mediante camiones cisterna. Según testimonios recogidos por medios locales, el costo puede representar una carga considerable para familias de bajos ingresos y adultos mayores.
Los habitantes de las urbanizaciones Las Mercedes y El Recreo aseguran que llevan años reclamando soluciones y advirtieron que podrían trasladar sus reclamos a las calles si las autoridades no responden. Allí, los problemas de agua se combinan con cortes eléctricos de hasta siete u ocho horas diarias.
Una protesta que se extiende por el país
El fenómeno no parece limitado a una región específica. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 3.495 protestas durante el primer semestre de 2026, un aumento de 181 % respecto al mismo período de 2025. De ese total, 1.746 estuvieron relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, un grupo de demandas en el que se incluyen las relacionadas con servicios básicos.
El propio OVCS destacó que las protestas recientes frente a las sedes de Corpoelec evidencian que las fallas eléctricas continúan siendo uno de los principales motivos de movilización ciudadana.
El Gobierno apunta al fenómeno de El Niño
La administración de Delcy Rodríguez ha advertido que el fenómeno de El Niño podría provocar condiciones de sequía y afectar la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica, razón por la que ha pedido reducir el consumo.
Pero expertos consultados por Reuters advierten que El Niño no explica por sí solo la dimensión de la crisis. El sistema eléctrico venezolano arrastra años de falta de inversión, mantenimiento insuficiente y deterioro de las redes de generación, transmisión y distribución.
Reuters reportó que Venezuela dispone actualmente de menos de 13.000 megavatios de capacidad de generación frente a unos 36.000 MW instalados, mientras que cerca del 90 % de la capacidad termoeléctrica estaría fuera de servicio. Esta situación ha incrementado la dependencia de la generación hidroeléctrica.
El impacto golpea a hogares, comercios y hospitales
La crisis energética trasciende el ámbito doméstico. Comercios, industrias, centros de salud y trabajadores que dependen de la conexión eléctrica también enfrentan dificultades para mantener sus actividades.
En las zonas afectadas por los recientes terremotos, el problema adquiere una dimensión todavía mayor: familias desplazadas que permanecen en viviendas dañadas o campamentos enfrentan simultáneamente dificultades de acceso al agua y a la electricidad, complicando las labores de recuperación.
La imagen que dejan las últimas protestas es la de un país atrapado entre dos necesidades básicas: tener electricidad para vivir y trabajar, y disponer de agua para sobrevivir. Mientras el Gobierno anuncia nuevas medidas de ahorro y promete recuperar capacidad de generación, las comunidades continúan reclamando una respuesta inmediata y, sobre todo, un servicio público que funcione de manera regular.