El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, conformado por magistrados en el exilio, emitió un duro pronunciamiento contra el Estado venezolano tras la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, calificando el caso como una evidencia de “desaparición forzada, tortura y persecución sistemática” en el país.
En el comunicado, los magistrados aseguraron que la situación de Quero —detenido en 2025, desaparecido durante meses y posteriormente hallado muerto y enterrado sin conocimiento de su familia— refleja el deterioro institucional y la gravedad de las violaciones de derechos humanos denunciadas en Venezuela.
El TSJ legítimo sostuvo que prácticas como la tortura, las desapariciones forzadas y los tratos crueles constituyen crímenes de lesa humanidad cuando son ejecutados de forma sistemática contra la población civil, advirtiendo que la responsabilidad alcanza tanto a quienes ordenan los hechos como a quienes los encubren.
Los magistrados exigieron además la aplicación inmediata del Protocolo de Minnesota y del Protocolo de Estambul, mecanismos internacionales utilizados para investigar ejecuciones extrajudiciales y denuncias de tortura, con el objetivo de garantizar una investigación independiente y transparente sobre la muerte de Quero.
El caso ha generado conmoción luego de que el régimen venezolano reconociera oficialmente el fallecimiento de Quero casi diez meses después de ocurrido, mientras su madre continuaba buscándolo entre cárceles y tribunales. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado irregularidades, contradicciones oficiales y posibles violaciones graves de derechos humanos.
El TSJ legítimo también expresó solidaridad con las madres y familiares de detenidos desaparecidos en Venezuela, afirmando que “el sufrimiento del pueblo venezolano no puede seguir siendo ignorado por la comunidad internacional”.
El caso de Víctor Hugo Quero se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles en materia de derechos humanos en Venezuela y ha reactivado llamados a investigaciones internacionales sobre desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
