El llamado Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, con sede en Miami, emitió un comunicado de alto impacto en el que afirma que la Constitución de Venezuela “ha perdido su eficacia” y se encuentra, en la práctica, suspendida.
En su declaración, los magistrados sostienen que el país atraviesa una crisis que va más allá de lo político, describiéndola como estructural, institucional y jurídica, producto de más de dos décadas de concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho.
El pronunciamiento advierte que unas elecciones sin garantías no representan una solución real, al considerar que el problema venezolano no es únicamente electoral, sino que requiere el desmontaje completo del sistema de control instaurado en el país.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la referencia a los hechos del 3 de enero de 2026, cuando fue capturado Nicolás Maduro. Según los magistrados, este evento alteró la correlación de poder y generó una “tutela fáctica” internacional, que ha incidido directamente en la dinámica política interna.
El TSJ en el exilio también analiza el enfoque internacional planteado para Venezuela, estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, advierte que ninguna será viable sin condiciones previas claras, entre ellas el restablecimiento de la independencia de los poderes públicos y la vigencia plena de la Constitución.
En ese sentido, los magistrados exigieron medidas concretas, entre ellas:
- La liberación inmediata de todos los presos políticos
- Garantías para el retorno seguro de los exiliados
- El desmontaje del control político sobre el sistema judicial
- El cese de la persecución política y la investigación de violaciones de derechos humanos
El documento también subraya que la actual reorganización institucional dentro del país no representa una verdadera transición, sino una reconfiguración del poder bajo las mismas estructuras.
Finalmente, el TSJ en el exilio hizo un llamado a la unidad de los actores políticos venezolanos, insistiendo en que la reconstrucción del país pasa por restituir el Estado de Derecho, la institucionalidad y la soberanía popular.
El pronunciamiento se produce en un momento de alta tensión política y reconfiguración del poder en Venezuela, y añade un nuevo elemento al debate sobre la legitimidad institucional y el futuro del país.
