El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores y aseguró que ambos terminarán enfrentando un juicio en territorio estadounidense por delitos que calificó de “muy serios”. Las declaraciones fueron realizadas durante una cena con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington.
Trump recordó que Maduro y Flores enfrentan actualmente un proceso federal en Nueva York relacionado con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. Ambos se han declarado no culpables y sus abogados han solicitado al juez que desestime el caso, entre otros argumentos, por cuestiones de inmunidad. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, mientras que una audiencia sobre las mociones de inmunidad está programada para noviembre.
En su intervención, Trump añadió una acusación que no forma parte, por ahora, de los cargos judiciales conocidos: afirmó que Maduro habría “vaciado” las cárceles venezolanas y enviado presos hacia Estados Unidos. El mandatario vinculó esta afirmación con la llegada de integrantes del Tren de Aragua y otros venezolanos al territorio estadounidense. Trump ya había formulado una acusación similar en marzo, cuando dijo que esperaba que ese supuesto hecho pudiera convertirse en un nuevo cargo.
El presidente estadounidense también utilizó un lenguaje particularmente contundente al referirse a la intervención de Washington en Venezuela. “Nos tomamos Venezuela y pagamos por la guerra unas 54 veces ya”, afirmó, al tiempo que sostuvo que ambos países están “haciendo cantidades masivas de dinero” y trabajando conjuntamente. Trump vinculó además la nueva relación con el desarrollo de la industria petrolera venezolana.
Las declaraciones se producen en medio del nuevo acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, mediante el cual Estados Unidos busca asumir un papel dominante en el desarrollo de importantes reservas venezolanas. Trump ha presentado la operación como un beneficio económico y estratégico para ambos países, mientras persisten interrogantes sobre sus condiciones jurídicas, el control efectivo de los activos y el destino de los ingresos.