El exministro de Petróleo fue nuevamente imputado por apropiación o distracción de recursos, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. La nueva acusación amplía los señalamientos en su contra, mientras continúa el hermetismo sobre su lugar de detención.
El Ministerio Público venezolano habría ampliado este martes la imputación contra Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo y exministro de Petróleo, por la presunta comisión de tres nuevos delitos: apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. La información fue difundida por el periodista Eligio Rojas y posteriormente reproducida por varios medios de comunicación. Según las fuentes citadas, los nuevos señalamientos estarían relacionados con operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
La acusación se relacionaría con presuntas irregularidades en la comercialización de materiales estratégicos y con operaciones efectuadas mediante empresas vinculadas a la CVG y sus industrias básicas. El exfiscal Zair Mundaray ha señalado posibles anomalías en contratos y en el desmontaje de líneas de producción de CVG Venalum, aunque la responsabilidad penal individual por estos hechos deberá determinarse dentro del proceso judicial.
El Aissami permanece vinculado al caso de corrupción conocido como PDVSA-Cripto, por el que fue detenido el 9 de abril de 2024 junto con otros antiguos funcionarios y empresarios. La investigación original se centró en presuntas irregularidades en la comercialización de petróleo y el desvío de recursos públicos. La nueva imputación abre otro frente judicial para el exfuncionario, que ocupó puestos clave durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El caso también está rodeado de interrogantes sobre su situación personal y judicial. En septiembre, sus abogados denunciaron que desconocían su paradero desde el 29 de agosto y que no habían recibido respuestas oficiales a sus solicitudes de información. Además, reportes recientes mencionan un posible interés de Estados Unidos en trasladarlo para que responda ante la justicia estadounidense, pero no existe confirmación pública de que esa medida esté acordada. La evolución del proceso y las actuaciones oficiales serán determinantes para establecer el alcance de los nuevos cargos y las posibles consecuencias judiciales.