El proceso de regularización migratoria en España ya comienza a tener impacto en ciudades como Pontevedra, donde cerca de 400 expedientes están siendo tramitados en los primeros días de aplicación de la medida, considerada por expertos como una oportunidad histórica para miles de personas en situación irregular.
El abogado venezolano César Augusto Alarcón, vicepresidente de Asovedra, aseguró que la iniciativa permite saldar una “deuda social” con migrantes que ya viven y trabajan en el país, muchos de ellos en condiciones precarias.
Según explicó, la regularización beneficiará principalmente a solicitantes de asilo y personas sin documentación que puedan demostrar su permanencia en España, vínculos familiares o una oferta laboral, en un proceso que ya muestra alta demanda y rápida respuesta administrativa.
Alarcón destacó que la mayoría de los solicitantes busca incorporarse formalmente al mercado laboral y contribuir a la economía, mientras advirtió que la medida también permitirá reducir abusos y explotación derivados de la irregularidad.
En Pontevedra, se estima que entre 850 y 1.200 personas podrían beneficiarse de esta política, que forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Gobierno para integrar a migrantes y responder a una realidad social ya existente.