La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) convocó para este viernes 7 de agosto una concentración frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en la avenida Urdaneta de Caracas, con el objetivo de exigir el ingreso de organismos internacionales que verifiquen la situación de las personas consideradas presos políticos en Venezuela.
La movilización, prevista para las 11:00 de la mañana, busca reclamar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otros mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, pueda inspeccionar las condiciones de reclusión y constatar el estado de salud de los detenidos. La solicitud coincide con llamados recientes de organizaciones de derechos humanos para permitir el acceso de instancias independientes a los centros de detención del país.
Además, Provea plantea el retiro de la denuncia del Estatuto de Roma, el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela y la restitución plena de los derechos de las personas que han sido excarceladas.
La convocatoria se produce en medio del proceso de diálogo político entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición, en el que familiares de presos políticos han solicitado que la liberación de los detenidos sea uno de los primeros puntos de la agenda. Desde hace varias semanas, un grupo de familiares mantiene un campamento en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir apoyo internacional en favor de sus parientes privados de libertad.
La presión de las organizaciones también coincide con el más reciente balance de Foro Penal, que reportó 382 personas encarceladas por razones políticas en Venezuela: 356 hombres y 26 mujeres, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. La organización sostiene que la situación de los detenidos sigue siendo crítica y ha reiterado la necesidad de adoptar medidas humanitarias urgentes, incluyendo la supervisión internacional de los centros de reclusión y la liberación de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos.