La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez podría tener implicaciones inesperadas para cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos, advirtieron este lunes diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes con sede en Miami.
La ley, aprobada la semana pasada por unanimidad, fue presentada por las autoridades venezolanas como un paso hacia la reconciliación nacional que permite extinguir responsabilidades penales a personas procesadas por hechos de carácter político dentro del país. Rodríguez afirmó que la norma abriría “una puerta para que el país se reencuentre y aprenda a convivir democrática y pacíficamente”.
Sin embargo, organizaciones como la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y el Foro Penal Internacional han señalado que la ley tiene un alcance limitado y excluyente y que podría perjudicar a venezolanos en el exterior, incluidos quienes han solicitado asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) u otras formas de protección migratoria en Estados Unidos.
Las críticas apuntan a que la normativa no garantiza la protección de quienes han salido de Venezuela por motivos de persecución y que no hay claridad sobre cómo afectaría sus solicitudes migratorias si regresan al país bajo la premisa de la amnistía. Según estas organizaciones, existe el riesgo de que se interprete erróneamente que quienes han buscado protección en Estados Unidos pueden regresar sin enfrentar peligro, cuando en realidad siguen vigentes otras leyes venezolanas que penalizan la disidencia y la oposición, como el decreto de Conmoción Exterior y otras normativas represivas.
Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, advirtió que las protecciones migratorias como asilo o TPS no necesariamente quedarían reforzadas por la ley venezolana y que la percepción de “seguridad” que podría generar la amnistía es, en la práctica, incierta para miles de migrantes que huyeron precisamente por temor a persecución política.
La alerta se produce en un momento en que la implementación de la ley de amnistía en Venezuela también ha sido objeto de debate en relación con quiénes pueden acogerse a ella y bajo qué condiciones, mientras familiares de detenidos y organizaciones defensoras exigen claridad y acciones concretas para garantizar libertades plenas.