Más de 70 organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigieron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo ante las denuncias de tortura, violencia sexual y tratos crueles contra mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela.
En un comunicado conjunto dirigido a la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, las organizaciones pidieron inspecciones inmediatas en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y medidas de protección urgentes para las reclusas que —según denunciaron— enfrentan graves violaciones de derechos humanos bajo custodia estatal.
Las ONG alertaron especialmente sobre el caso de Yanín Fabiana Pernía Coronel, detenida desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por el caso del presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro. De acuerdo con las denuncias, Pernía habría sido sometida a “violencia sexual extrema”, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas para obligarla a declarar en su contra.
El documento también menciona a Emirlendris Benítez y otras detenidas que, según organizaciones internacionales, permanecen encarceladas bajo condiciones consideradas inhumanas. En días recientes, el caso de Benítez generó indignación luego de que el Ministerio de Servicios Penitenciarios utilizara imágenes suyas con fines propagandísticos durante una campaña oficial por el Día de la Familia.
Las organizaciones denunciaron además que las mujeres privadas de libertad enfrentan condiciones diferenciadas de violencia dentro de los centros de reclusión, incluyendo falta de atención médica ginecológica, ausencia de insumos básicos y presuntas agresiones sexuales sistemáticas.
“La justicia y la dignidad no pueden seguir esperando”, señalaron en el comunicado, donde exigieron la revisión inmediata de expedientes y la liberación de las detenidas consideradas víctimas de violaciones de derechos humanos.
El pronunciamiento se produce en medio de una creciente presión nacional e internacional sobre el sistema penitenciario venezolano, tras recientes denuncias de muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas contra presos políticos en distintos centros de detención del país.