Después de más de 16 años de uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Venezuela, la exjueza María Lourdes Afiuni recibió este viernes la notificación de su libertad plena y del cierre definitivo de la causa penal que enfrentaba desde diciembre de 2009.
La información fue confirmada por su hermano, Nelson Afiuni, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde indicó que la decisión fue comunicada por un tribunal venezolano pocos días después de que la familia informara sobre el deterioro de la salud de la exjueza y el diagnóstico de tres nuevas lesiones tumorales, una condición que había motivado nuevos llamados para que se pusiera fin al prolongado proceso judicial.
El caso de María Lourdes Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando fue detenida tras conceder una medida cautelar al empresario Eligio Cedeño, quien permanecía privado de libertad sin sentencia firme desde 2007. La decisión judicial se produjo en el contexto de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que había solicitado la liberación del empresario. Un día después de la detención de Afiuni, el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente que se le impusiera la pena máxima de 30 años de prisión, mientras expertos de Naciones Unidas calificaron el arresto como un grave precedente para la independencia del Poder Judicial venezolano.
Durante los años siguientes, la exjueza permaneció privada de libertad y posteriormente bajo medidas cautelares, en un proceso caracterizado por reiterados diferimientos, recursos judiciales y denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversos mecanismos de Naciones Unidas solicitaron en distintas oportunidades el cierre del caso y la restitución de sus derechos, al considerar que su expediente representaba uno de los principales símbolos de las denuncias sobre falta de independencia judicial en Venezuela.
En 2019, Afiuni fue condenada a cinco años de prisión por el delito denominado «corrupción espiritual», una figura cuya aplicación fue cuestionada por sus abogados y especialistas en derecho penal. Aunque la sentencia fue confirmada posteriormente por instancias superiores, su familia denunció que había cumplido ampliamente la pena impuesta y que permanecía en un «limbo jurídico» que le impedía recuperar plenamente sus derechos civiles y políticos.
La decisión conocida este viernes pone fin a un expediente que durante más de una década fue objeto de pronunciamientos de organismos internacionales y que se convirtió en referencia obligada en los debates sobre el Estado de derecho y la independencia judicial en Venezuela. La resolución llega en un momento especialmente delicado para la exjueza, cuya condición de salud había generado una creciente preocupación dentro y fuera del país.