La líder opositora venezolana María Corina Machado fijó su posición sobre el acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En un mensaje difundido en sus plataformas digitales, advirtió que “los enemigos de Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores” y cuestionó que un gobierno que considera ilegítimo pueda comprometer el patrimonio petrolero del país.
Machado aclaró, sin embargo, que no cuestiona la necesidad de una alianza estratégica entre Venezuela y Estados Unidos, ni la llegada de inversiones para recuperar la industria energética. Su preocupación se concentra en las condiciones bajo las cuales se negoció el acuerdo. Preguntó quién firma, qué se está firmando realmente, quién aporta el capital, qué garantías existen y, especialmente, cómo se beneficiarán los venezolanos.
La dirigente opositora sostuvo que “Venezuela necesita mucho más que dinero” y que el petróleo constituye solamente una parte de la enorme reconstrucción que requiere el país. A su juicio, un proyecto de esta magnitud necesita transparencia, legalidad, seguridad jurídica e instituciones sólidas para generar inversiones sostenibles y beneficios para la población.
Machado insistió además en que el patrimonio del subsuelo venezolano pertenece a los venezolanos y no a un régimen ilegítimo, por lo que considera indispensable que las decisiones estratégicas sobre los recursos naturales estén respaldadas por un gobierno legítimo y democráticamente electo. Para la opositora, esa legitimidad constituye la verdadera garantía para atraer inversiones de gran escala y reconstruir la economía.
Su pronunciamiento llega después de la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas como Chevron, Eni y GE Vernova, y en medio de la discusión sobre el alcance real del pacto petrolero que contempla 17 campos y reservas probadas cercanas a 65.000 millones de barriles. Así, Machado plantea una posición que distingue entre atraer inversión extranjera —algo que considera necesario— y entregar el control de recursos estratégicos sin transparencia, garantías institucionales y legitimidad democrática.