Un juez federal del Distrito Sur de Florida, Darrin P. Gayles, amplió el alcance de la sentencia que ordena el pago de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados y torturados durante su detención en Venezuela. Además de Nicolás Maduro y el empresario Álex Saab, la decisión judicial responsabiliza a varios altos funcionarios venezolanos y al denominado Cartel de los Soles, señalado en la demanda como parte de una presunta estructura criminal.
Entre las personas incluidas en el fallo figuran el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; el actual ministro de Agricultura y exministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek William Saab; y el exministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol. El juez emitió un fallo en rebeldía (default judgment), al considerar que los demandados no respondieron a la demanda presentada en Estados Unidos.
La demanda fue interpuesta por los estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes aseguraron haber sido víctimas de secuestro, torturas físicas y psicológicas mientras permanecieron detenidos en Venezuela. Los tres recuperaron su libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington. En la sentencia, el juez calificó los hechos denunciados como parte de una «empresa criminal» que, según el fallo, permitió utilizar a ciudadanos estadounidenses como fichas de negociación política.
La decisión excluyó de la condena a Delcy Rodríguez, después de que sus abogados alegaran inmunidad frente a demandas civiles en Estados Unidos por su condición de jefa de Estado en funciones, así como a Jorge Rodríguez, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). No obstante, los demandantes mantienen su desacuerdo con esa interpretación jurídica.
Aunque el fallo representa una importante victoria judicial para los demandantes, la indemnización solo podrá hacerse efectiva si logran identificar y ejecutar bienes o activos de los condenados que estén sujetos a la jurisdicción estadounidense. La sentencia es considerada una de las más relevantes dictadas hasta ahora bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos en un caso relacionado con denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.