La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que permitiría el ingreso de capital privado y mixto en una de las áreas más críticas de Venezuela, en un intento por enfrentar la prolongada crisis energética que durante años ha golpeado a millones de ciudadanos.
La iniciativa, presentada por la administración encabezada por Delcy Rodríguez, representa un cambio de gran magnitud en un sector que permanecía bajo control estatal prácticamente exclusivo desde la nacionalización impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007.
Durante el debate parlamentario, el diputado Orlando Miranda reconoció que el sistema eléctrico nacional enfrenta severas limitaciones estructurales y financieras, agravadas por la paralización de varias plantas termoeléctricas y la creciente dependencia de la hidroeléctrica de Guri para sostener la generación de energía en el país.
La reforma contempla la participación de empresas privadas, compañías mixtas y operadores con distintos esquemas de participación estatal, bajo un sistema de concesiones y supervisión pública. El Estado conservaría un papel predominante en áreas estratégicas, aunque por primera vez en casi dos décadas se abre formalmente el mercado eléctrico a la inversión privada nacional e internacional.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el proyecto incorpora mecanismos para que los usuarios puedan reclamar compensaciones económicas por daños ocasionados por apagones, fluctuaciones de voltaje o fallas en la prestación del servicio, una demanda histórica de millones de venezolanos afectados por la inestabilidad eléctrica.
La reforma llega en un contexto especialmente complejo. Estados como Zulia, Mérida, Táchira, Lara, Trujillo y Falcón continúan registrando cortes eléctricos diarios que afectan el suministro de agua, las telecomunicaciones, el comercio y la actividad industrial.
Expertos consideran que la apertura al capital privado podría convertirse en uno de los cambios económicos más importantes de los últimos años, siempre que logre atraer inversiones suficientes para recuperar la infraestructura deteriorada y modernizar las redes de generación, transmisión y distribución eléctrica.
Sin embargo, el proyecto aún debe superar una fase de consulta pública y una segunda discusión parlamentaria antes de convertirse definitivamente en ley.
De aprobarse en forma definitiva, Venezuela iniciaría una nueva etapa en el manejo de su sistema eléctrico, buscando revertir una crisis que durante años ha sido una de las principales preocupaciones de la población y uno de los mayores obstáculos para la recuperación económica del país.