Familiares de los detenidos en el denominado caso «PDVSA Obrero» hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales venezolanas para que se agilice el proceso penal que involucra a 83 personas recluidas en el centro penitenciario Yare II. Según denuncian, los procesados acumulan 19 meses privados de libertad sin que se haya iniciado el juicio correspondiente, situación que califican como un grave retardo procesal.
A través de un pronunciamiento público, los allegados sostienen que muchos de los detenidos permanecen a la espera de una decisión judicial definitiva y aseguran que la prolongación del proceso ha generado un fuerte impacto emocional, económico y social sobre las familias. Los afectados afirman que existen personas que aún no han podido ejercer plenamente su derecho a la defensa dentro de un proceso que continúa sin sentencia.
Entre las peticiones formuladas a las autoridades judiciales se encuentra la extensión de medidas sustitutivas de libertad para algunos de los procesados y la posibilidad de que el juicio se desarrolle con los acusados en libertad, mientras se determina su responsabilidad o inocencia. Los familiares señalan que el expediente identificado con el número 420-25 se encuentra bajo conocimiento del Juzgado Tercero de Terrorismo.
Hasta el momento no se ha producido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades judiciales sobre estas solicitudes. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre el impacto del retardo procesal en el sistema de justicia venezolano, señalando que la prolongación de los procesos sin sentencia puede afectar garantías fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
