El Gobierno de España anunció la instalación de una barrera flotante de aproximadamente 500 metros en el mar que separa la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos, como parte de las medidas adoptadas para impedir nuevos cruces irregulares, luego de la crisis migratoria registrada esta semana en la frontera norteafricana.
La decisión se produce después de que entre 50.000 y 60.000 migrantes lograran acceder a Ceuta por vía terrestre y marítima en apenas unos días, en un episodio sin precedentes que obligó al despliegue extraordinario de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Al menos 67 fallecidos
El balance oficial de la tragedia asciende a 67 personas fallecidas, según las autoridades españolas. La mayoría perdió la vida por ahogamiento al intentar alcanzar la costa a nado, mientras que otras murieron durante las avalanchas registradas en el espigón fronterizo del Tarajal, en medio del intento masivo por ingresar al territorio español.
Más de 48.000 personas ya regresaron a Marruecos
El Ministerio del Interior informó que más de 48.000 migrantes han retornado a Marruecos, en su mayoría de forma voluntaria o como consecuencia de las medidas de control aplicadas por las autoridades españolas y marroquíes. Aunque la presión migratoria ha disminuido considerablemente, el Gobierno mantiene un amplio dispositivo de seguridad ante el riesgo de nuevos intentos de cruce.
Durante la mañana del sábado, varios migrantes que alcanzaron exhaustos la playa del Tarajal tras cruzar a nado fueron interceptados por efectivos militares y escoltados de regreso hacia la frontera marroquí, en el marco del operativo desplegado para restablecer el control del perímetro fronterizo.
Una medida para evitar otra crisis
La nueva barrera marítima permitirá reforzar la vigilancia en la zona costera y dificultar futuros cruces irregulares. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la prioridad es garantizar la seguridad de la frontera exterior de la Unión Europea y evitar que se repitan episodios como el vivido esta semana, considerado uno de los mayores desafíos migratorios afrontados por España en las últimas décadas.
La crisis ha provocado además una intensa reacción política en Europa y motivó la convocatoria de una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea para analizar una respuesta coordinada frente al incremento de la presión migratoria en la frontera sur del bloque.