La Audiencia Nacional de España intensificó este lunes la investigación del escándalo Plus Ultra al emitir una orden internacional de captura contra el empresario venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, señalado por presuntos vínculos con una red de corrupción y blanqueo de capitales que también involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La medida fue dictada por el juez José Luis Calama, quien sostiene que Reyes y su esposa, María Aurora López —también requerida internacionalmente— habrían tomado el control real y operativo de Plus Ultra desde 2017 como parte de una estructura empresarial investigada por apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y lavado de dinero.
La decisión judicial representa un nuevo golpe dentro de una causa que ya provocó una fuerte crisis política en España tras la imputación formal de Zapatero por presunto tráfico de influencias y operaciones irregulares relacionadas con el rescate estatal de la aerolínea durante la pandemia.
De acuerdo con la investigación, la red habría utilizado empresas, contratos y movimientos financieros internacionales para canalizar recursos vinculados al multimillonario salvataje otorgado por el Estado español en marzo de 2021, cuando Plus Ultra recibió 53 millones de euros en ayudas públicas.
El magistrado también ordenó la captura internacional del ciudadano neerlandés Simon Leendert Verhaoeven, señalado junto a Luis Felipe Baca Arbulu —detenido recientemente en Aruba— como uno de los operadores de una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales y manejo de fondos ilícitos.
Según el expediente judicial, Rodolfo Reyes aparece como uno de los supuestos clientes y beneficiarios de la estructura financiera investigada.
El caso Plus Ultra se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos y financieros recientes en España, debido a las sospechas sobre posibles favores políticos, tráfico de influencias y conexiones internacionales relacionadas con Venezuela y sectores del socialismo español.
Las investigaciones han provocado fuertes tensiones dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y crecientes llamados de la oposición para adelantar elecciones, mientras continúan apareciendo nuevas revelaciones sobre transferencias, sociedades vinculadas y operaciones financieras bajo la lupa judicial.