La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 10 de junio una nueva actualización de su esquema de licencias para Venezuela, ampliando las autorizaciones que permiten determinadas operaciones en los sectores petrolero, gasífero, petroquímico y minero bajo estrictas condiciones regulatorias. La medida incluye la emisión de las licencias generales 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A, que sustituyen versiones anteriores publicadas durante los últimos meses.
Entre los cambios más relevantes destaca la autorización para que empresas estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025 puedan participar en actividades relacionadas con la exportación, comercialización, transporte y manejo de petróleo y productos petroquímicos de origen venezolano destinados al mercado estadounidense. Asimismo, Washington renovó y amplió permisos que benefician a compañías energéticas con operaciones en Venezuela, entre ellas Chevron, Repsol, Shell, BP, Eni y Maurel & Prom, permitiéndoles continuar determinadas actividades vinculadas al sector petrolero y gasífero.
La nueva normativa también autoriza la exportación de diluyentes de origen estadounidense hacia Venezuela y permite el suministro de equipos, tecnología, software y servicios destinados a proyectos petroleros, petroquímicos y de infraestructura eléctrica. Paralelamente, la OFAC flexibilizó ciertas operaciones relacionadas con minerales venezolanos, incluido el oro, autorizando actividades vinculadas a su extracción, procesamiento, transporte y comercialización bajo mecanismos de supervisión y cumplimiento establecidos por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, las licencias mantienen importantes restricciones. Continúan prohibidas las transacciones relacionadas con personas o entidades sancionadas, así como operaciones vinculadas con Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y determinadas organizaciones asociadas a China. Además, siguen vetados los pagos en oro, criptomonedas o esquemas de compensación mediante deuda. Los contratos autorizados deberán regirse por marcos jurídicos internacionales específicos y cumplir estrictas condiciones de transparencia, supervisión financiera y resolución de controversias, según los lineamientos establecidos por el Departamento del Tesoro.