Por Edward Rodríguez.
Pablo Escobar tenía a sus Extraditables, una organización que convirtió el rechazo a la extradición en una guerra contra el Estado colombiano. Décadas después, Venezuela podría estar ante una historia distinta, pero con una pregunta incómoda: ¿Hasta dónde llegará la justicia estadounidense para desenredar las redes financieras construidas alrededor del poder de Nicolás Maduro?
El caso de Álex Saab acaba de subir la apuesta. El 15 de septiembre de 2026, el empresario se declaró culpable, en Estados Unidos, de conspiración para lavar dinero, en una trama vinculada con sobornos y contratos públicos del programa de alimentos CLAP. Aceptó entregar 195 millones de dólares y cooperar con las autoridades; no es poca cosa, pues cuando alguien que conoce las entrañas de un negocio comienza a hablar, el problema deja de ser solamente lo que se sabe y pasa a ser lo que todavía puede demostrarse.
La investigación periodística de medios como Armando.info, El Pitazo y Runrunes, junto con las denuncias de parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, contribuyó a poner bajo escrutinio las irregularidades asociadas con contratos públicos y redes de intermediarios. Ahora, la cooperación judicial podría abrir nuevas líneas de investigación. Eso sí, cooperar no equivale a una condena automática para terceros.
El diputado y especialista en anticorrupción Carlos Paparoni, mencionó a Maikel Moreno, Samark López, Raúl Gorrín, Tareck El Aissami y Pedro Luis Martín entre las figuras que, a su juicio, podrían terminar ante la justicia estadounidense. “Ellos van a terminar en los Estados Unidos”.
¿Será así? “Por ahora”, como decía el difunto Hugo Chávez, no existe una lista oficial de extraditables con esos nombres; pero la posibilidad plantea una pregunta legítima: si las autoridades logran reconstruir las operaciones, identificar a sus participantes y seguir el dinero, ¿Quiénes tendrán que responder ante los tribunales?
Y mientras algunos nombres aparecen en las conversaciones sobre posibles procesos judiciales, este 14 de octubre Estados Unidos levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La decisión, supone su salida del régimen de sanciones de la OFAC.
La paradoja merece atención. Washington retira las restricciones financieras a uno de los principales operadores políticos del chavismo mientras mantiene abiertas investigaciones relacionadas con personas vinculadas al antiguo círculo de Maduro. ¿Pragmatismo diplomático, nueva etapa de negociación o cambio de prioridades? La decisión, por sí sola, no demuestra culpabilidad ni inocencia en ningún caso, pero sí evidencia que la política de sanciones y la persecución penal son instrumentos distintos.
Dicho de otro modo: salir de una lista de sanciones no equivale a recibir un certificado de buena conducta, del mismo modo que aparecer mencionado en una entrevista no convierte a nadie en culpable. Para eso están las pruebas y los tribunales, no los titulares ni las conveniencias políticas.
Por otro lado, Paparoni recordó la cifra de 316.000 millones de dólares que atribuyó a declaraciones del exministro Jorge Giordani sobre recursos desviados mediante mecanismos cambiarios. Ese monto requiere verificación independiente y no puede presentarse como dinero judicialmente probado ni como una cantidad íntegramente recuperable.
Pero la pregunta de fondo sigue en pie: ¿Cuánto dinero perdió Venezuela en redes de corrupción y cuánto puede recuperarse? Porque no basta con que los responsables enfrenten procesos judiciales; hay que identificar los activos, demostrar su origen ilícito y garantizar que los recursos restituidos beneficien a los venezolanos.
La comparación con los ‘Extraditables’ de Escobar es una referencia histórica, no una equivalencia automática. El desenlace venezolano dependerá de las pruebas, la cooperación internacional y la independencia judicial.
Al final, la justicia no se medirá por la cantidad de nombres que aparezcan en una lista, sino por las responsabilidades que puedan demostrarse y los recursos que regresen al país, porque los venezolanos ya pagaron demasiado por una corrupción que no les pidió permiso para empobrecerlos.
Y si la reconstrucción institucional en Venezuela pretende ser algo más que un eslogan, habrá que empezar por una regla elemental: ni las conexiones políticas deben garantizar impunidad ni las negociaciones deben sustituir a la justicia.