La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles el cierre definitivo del centro de detención El Helicoide, en Caracas, al considerar que su funcionamiento es incompatible con los estándares de protección establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La decisión forma parte de una sentencia en la que el tribunal declaró responsable al Estado venezolano por la detención ilegal, torturas y persecución política sufridas por el estudiante Jorge Rojas Riera durante una protesta en 2003.
En el fallo, la Corte concedió un plazo de 18 meses para ejecutar el cierre de las instalaciones y ordenó que cualquier traslado de personas privadas de libertad se realice respetando las garantías de integridad personal, debido proceso y protección judicial. Los magistrados señalaron que diversos organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, han documentado durante años denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos dentro de ese recinto administrado por organismos de inteligencia del Estado.
La sentencia tiene su origen en la detención de Jorge Rojas Riera el 19 de septiembre de 2003 durante una manifestación en la Plaza Francia de Altamira. Según determinó la Corte, agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) lo arrestaron sin base legal suficiente, lo mantuvieron en prisión preventiva por más de tres meses y lo sometieron a actos de tortura, incluyendo golpizas, amenazas y simulacros de ejecución. El tribunal concluyó además que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.
Más allá del caso individual, la Corte consideró que El Helicoide representa un riesgo estructural para los derechos fundamentales de las personas detenidas y sostuvo que la continuidad de este centro de reclusión perpetúa condiciones que favorecen abusos graves. El fallo también ordena reabrir investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adoptar medidas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, en una decisión que vuelve a colocar a Venezuela bajo el foco de la justicia internacional.