La confirmación oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado abrió una nueva ola de cuestionamientos sobre las responsabilidades dentro del sistema penitenciario venezolano, mientras organizaciones de derechos humanos exigen respuestas inmediatas.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario reconoció que Quero falleció en julio de 2025, aunque su familia permaneció durante casi diez meses sin información oficial sobre su paradero. Durante ese tiempo, su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió cárceles, tribunales y organismos públicos buscando respuestas, sin obtener confirmación sobre el destino de su hijo.
Tras conocerse el caso, abogados, activistas y dirigentes opositores comenzaron a exigir investigaciones sobre quiénes permitieron que un detenido permaneciera recluido y falleciera bajo custodia estatal mientras oficialmente se negaba información sobre él.
Entre los primeros señalados aparece el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, cuya gestión queda bajo fuerte presión luego de que organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones solicitaran su destitución e investigación penal.
También aumentan las dudas sobre el funcionamiento interno de Rodeo I. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan cómo Quero ingresó al penal, quién autorizó su permanencia y por qué nunca se informó oficialmente a sus familiares sobre su situación.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido una explicación pública detallada sobre las circunstancias que rodearon el caso, mientras crecen las denuncias sobre presuntas irregularidades, desaparición forzada y posibles violaciones graves de derechos humanos.