El descontento por las constantes fallas del servicio eléctrico volvió a tomar las calles del estado Anzoátegui. Este jueves 5 de noviembre, habitantes de distintas comunidades protagonizaron protestas, cacerolazos y cierres de vías para exigir respuestas a Corpoelec ante los prolongados apagones, que según denuncian los afectados, pueden extenderse entre cinco y siete horas diarias. Las manifestaciones se registraron en Barcelona, Puerto La Cruz y Capachal de Píritu, evidenciando el creciente malestar de la población.
En Puerto La Cruz, vecinos de la urbanización Guanire bloquearon durante más de dos horas la avenida principal, a la altura de la Clínica Nazareth, para reclamar por las interrupciones eléctricas, la falta de agua potable y la paralización del proyecto de gas directo. Los residentes denunciaron que los apagones afectan la actividad comercial, deterioran los alimentos y complican la atención de personas vulnerables. Una de las manifestantes relató las dificultades que enfrenta para cuidar a su madre, quien permanece encamada y necesita condiciones adecuadas para recibir atención.
En Barcelona, habitantes de Portugal Arriba y Guamachito se concentraron frente a la sede de Corpoelec para rechazar los cortes eléctricos. También se reportaron manifestaciones en Valles de Pozuelos y otras comunidades de la zona oriental. Mientras tanto, en Capachal de Píritu, residentes cerraron la carretera nacional Troncal 14, que conecta Anzoátegui con Guárico, para protestar por los constantes racionamientos que afectan a localidades como Guayabal, Santa Fe, Cielo Grande, El Tigre y San Francisco, además de sectores de los municipios Peñalver y Cajigal.
Las comunidades exigen a las autoridades una solución estructural a las fallas del sistema eléctrico y la publicación de un cronograma que permita conocer los horarios de interrupción del servicio. Los reclamos ya no se limitan a las redes sociales: los vecinos están tomando las calles y bloqueando importantes arterias viales para exigir respuestas ante una situación que golpea la economía familiar, la actividad comercial y la calidad de vida de miles de habitantes del oriente venezolano.