La Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad y en primera discusión, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una modificación que abre nuevamente el proceso para la renovación de los magistrados del máximo tribunal venezolano.
El principal cambio planteado está en el artículo 65 de la legislación y contempla ampliar de 21 a 23 integrantes el Comité de Postulaciones Judiciales. La nueva composición mantendría en 11 el número de diputados, mientras que elevaría de 10 a 12 los representantes de la sociedad civil, otorgando a este sector una mayoría dentro del comité.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó durante el debate que la modificación busca adecuar el mecanismo de selección de los candidatos a magistrados y reactivar el proceso de renovación del TSJ. La propuesta forma parte de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto entre representantes del Gobierno y sectores de la Asamblea Nacional de 2015.
Tras la aprobación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó remitir el proyecto a la Comisión Permanente de Política Interior, que deberá elaborar el informe correspondiente antes de que el texto sea sometido a una segunda discusión. Por tanto, la reforma todavía no está definitivamente sancionada.
El cambio adquiere especial relevancia porque la reforma está vinculada a la renovación de los 32 magistrados del TSJ. Según Efecto Cocuyo, el proceso de postulaciones que se había iniciado previamente quedó interrumpido y, con la nueva ruta, deberán activarse nuevamente los mecanismos para recibir, evaluar y seleccionar a los candidatos.
La modificación también tiene una dimensión política: sectores opositores que participan en el actual proceso de diálogo han respaldado la ampliación de la representación civil, aunque han advertido que el objetivo final debe ser conseguir un Poder Judicial independiente y no partidizado. El diputado Luis Florido, por ejemplo, pidió que el proceso no se limite al cambio de magistrados, sino que permita recuperar la independencia del sistema de justicia.
La aprobación representa, en consecuencia, un nuevo paso dentro de los acuerdos políticos alcanzados entre el Gobierno y sectores de la oposición para reestructurar el sistema judicial venezolano. El siguiente punto clave será la segunda discusión parlamentaria y, posteriormente, la conformación del nuevo Comité de Postulaciones que deberá participar en la selección de los aspirantes al máximo tribunal.