El empresario colombiano y exfuncionario venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami de un cargo de conspiración para el lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que incluye la entrega de US$195 millones considerados ganancias ilícitas y su cooperación con investigaciones federales.
El acuerdo representa un giro decisivo en el caso contra quien fue uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro. Los fiscales sostienen que Saab participó en un esquema de corrupción relacionado con contratos del programa de alimentos CLAP, mediante sobornos, empresas fachada y mecanismos destinados a ocultar y transferir fondos. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la Fiscalía acordó recomendar una condena en el extremo inferior de las pautas y solicitar reducciones adicionales si su cooperación resulta útil.
Uno de los elementos más sensibles del acuerdo es precisamente esa cooperación con las autoridades estadounidenses. Según documentos y reportes sobre el pacto, Saab podría aportar información en investigaciones que involucran a otros cuatro coacusados cuyos nombres permanecen bajo reserva. La información disponible no detalla todavía el alcance de su colaboración ni qué personas podrían verse comprometidas.
La cifra de US$195 millones debe diferenciarse de los aproximadamente US$350 millones mencionados en el anterior proceso penal contra Saab, relacionado con un supuesto esquema de sobornos y desvío de fondos que fue objeto de una acusación distinta. Por ello, no es preciso presentar los US$350 millones como el monto del que se desprende directamente el acuerdo actual. Reuters recuerda que aquel caso anterior fue objeto de una clemencia otorgada por el entonces presidente Joe Biden en 2023, mientras que el proceso actual corresponde a una nueva acusación.
Saab, de 54 años, confirmó ante la jueza Kathleen Williams que aceptaba declararse culpable y afirmó que lo hacía sin amenazas, presiones ni promesas indebidas por parte de las autoridades. Su cambio de declaración evita el juicio que estaba previsto y abre una nueva etapa en la investigación estadounidense sobre la estructura financiera que operó alrededor del poder venezolano.