El Gobierno de Colombia prepara una estrategia para trasladar a presos considerados de alta peligrosidad a embarcaciones acondicionadas como centros de reclusión, con el propósito de aislarlos de sus organizaciones y evitar que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
La iniciativa, denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), contempla la participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (DIMAR). De acuerdo con un borrador elaborado por el INPEC y conocido por medios colombianos, las embarcaciones podrían operar en aguas del Caribe y el Pacífico, con zonas previstas en las inmediaciones de Cartagena y Buenaventura.
Entre los primeros nombres incluidos en el documento aparecen Digno Palomino y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Ober”, señalados por las autoridades de tener vínculos con estructuras criminales y redes de extorsión en la región Caribe. La lista preliminar también incluye a los alias “Marihuano”, “Carnal”, “Robincito”, “Juanito”, “Cabeza de Hacha”, “Chucho Rayo” y “Tinejo”. La inclusión en este listado no implica por sí misma una nueva condena ni modifica la situación jurídica de los internos.
El objetivo del esquema sería establecer un régimen de aislamiento mucho más estricto, reduciendo las posibilidades de comunicación entre los reclusos y las estructuras que permanecen en tierra. La iniciativa responde a la preocupación de las autoridades por casos en los que algunos internos han sido señalados de continuar impartiendo órdenes o coordinando actividades ilícitas desde centros penitenciarios. El caso de “Negro Ober”, por ejemplo, ya había generado controversia después de que en 2023 se difundieran evidencias de llamadas extorsivas realizadas desde prisión.
El modelo tiene un antecedente en Colombia. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, las autoridades trasladaron a embarcaciones de la Armada a Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, con el objetivo de impedir que mantuvieran control sobre sus organizaciones mientras avanzaban sus procesos judiciales y de extradición.
Por ahora, REMAS continúa en fase de implementación y evaluación y no se ha concretado públicamente el traslado de los internos mencionados. El Gobierno deberá definir cuáles serán los reclusos seleccionados, las condiciones jurídicas y penitenciarias de la medida y las características de las embarcaciones. La propuesta representa un nuevo intento de las autoridades colombianas por cortar las comunicaciones de los grandes cabecillas con sus estructuras criminales.