Momentos de tensión se vivieron este sábado en Playa Grande, estado La Guaira, después de que residentes y propietarios denunciaran el cierre de la calle 6 norte y el desalojo de personas ante la prevista demolición de estructuras severamente afectadas por los terremotos del 24 de junio. La controversia se concentró principalmente en los edificios Samantha y Costa Dorada, cuyos propietarios reclamaron mayor transparencia antes de cualquier intervención.
Según testimonios recogidos por Runrun.es, funcionarios restringieron el acceso al sector durante la mañana del sábado. Los residentes aseguran que no habían recibido información suficiente sobre el procedimiento técnico, las medidas de seguridad ni las consecuencias que una demolición controlada podría tener para las construcciones cercanas. Sin embargo, existe una precisión relevante: vecinos reconocieron que el 21 de julio el alcalde José Manuel Suárez había acudido a la zona para informar sobre la necesidad de demoler ambas estructuras, encuentro que quedó reflejado en un acta. La controversia, por tanto, se centra principalmente en cómo se pretendía ejecutar el procedimiento y el nivel de información proporcionado a los propietarios.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza se hizo eco de las denuncias y cuestionó que pudieran realizarse demoliciones sin garantizar previamente información, evaluaciones técnicas transparentes y participación de los propietarios. La organización advirtió que actuaciones de esta naturaleza podrían crear un precedente preocupante para quienes poseen viviendas en edificios afectados por los terremotos en La Guaira.
La protesta consiguió detener la demolición
La presión de los residentes produjo un giro durante la jornada. De acuerdo con El Pitazo, la demolición controlada del edificio Samantha fue suspendida y las autoridades acordaron revisar el procedimiento después de los reclamos de los propietarios. La paralización cobra especial relevancia porque en Playa Grande todavía existe preocupación por posibles víctimas y por el destino de numerosos edificios que quedaron estructuralmente comprometidos después de los terremotos.
La situación abre ahora un nuevo capítulo de la tragedia venezolana: qué ocurrirá con los edificios que sobrevivieron a los terremotos pero fueron declarados inhabitables o presentan riesgo de colapso. En Playa Grande ya se desarrollan demoliciones y remoción de estructuras dañadas, mientras propietarios intentan recuperar pertenencias y exigen conocer los informes técnicos que determinarán cuáles inmuebles pueden salvarse y cuáles deberán desaparecer definitivamente.
Un mes después de los terremotos, el drama en La Guaira ya no se limita a rescatar víctimas y remover escombros. Miles de sobrevivientes enfrentan ahora otra incertidumbre: saber si podrán regresar a sus viviendas, recuperar lo que dejaron dentro o contemplar cómo los edificios donde construyeron parte de sus vidas terminan siendo demolidos. La suspensión de la operación en Samantha demuestra que la reconstrucción también estará marcada por un difícil debate sobre seguridad, propiedad, información y derechos de los damnificados.