Una nueva política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación entre expertos y organizaciones defensoras de los migrantes, al exigir que quienes soliciten la residencia permanente, conocida como green card, deban regresar a sus países de origen mientras esperan una decisión sobre su caso.
La medida, que comenzó a aplicarse recientemente, modifica el procedimiento utilizado durante décadas y obliga a numerosos inmigrantes que ya se encuentran legalmente en territorio estadounidense a completar el proceso a través de consulados y embajadas estadounidenses en el extranjero.
Hasta ahora, muchos solicitantes podían realizar el denominado ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, lo que les permitía permanecer en el país mientras las autoridades migratorias evaluaban sus expedientes. Con la nueva normativa, deberán abandonar el territorio estadounidense y esperar la resolución desde sus naciones de origen.
Especialistas en materia migratoria advierten que el cambio podría afectar a cientos de miles de personas cada año y generar importantes consecuencias económicas, familiares y laborales. Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y políticas migratorias del Economic Policy Institute (EPI), señaló que la medida representa una ruptura con una práctica vigente desde 1952 y alertó sobre el impacto que podría tener en millones de familias migrantes.
Según los expertos, la nueva regla podría provocar largos períodos de separación familiar, incertidumbre laboral y mayores dificultades para trabajadores que actualmente contribuyen a diversos sectores de la economía estadounidense mientras esperan la regularización definitiva de su situación migratoria.
La decisión se enmarca dentro de una serie de reformas impulsadas por la administración Trump para endurecer los controles migratorios y reforzar los mecanismos de verificación para quienes buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su rechazo a la medida y no descartan emprender acciones legales para intentar frenar su aplicación, argumentando que podría afectar tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses cuyos familiares se encuentran en procesos de residencia.
Mientras tanto, miles de personas podrían verse obligadas a replantear sus planes migratorios ante un escenario que introduce nuevas incertidumbres en uno de los procedimientos más utilizados para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.