Trabajadores jubilados de las empresas básicas del estado Bolívar salieron a las calles de Puerto Ordaz para exigir que el dinero y los bienes decomisados en casos de corrupción sean destinados al pago de prestaciones sociales y pasivos laborales que, aseguran, el Estado venezolano mantiene pendientes desde hace años.
Durante la protesta, extrabajadores de los sectores hierro, acero y aluminio reclamaron que las confiscaciones vinculadas a investigaciones por corrupción y lavado de dinero sean utilizadas para responder a miles de jubilados que hoy sobreviven en condiciones precarias tras dedicar gran parte de su vida a empresas estatales.
“Quienes tienen mansiones, cuentas millonarias y propiedades obtenidas con dinero robado deberían responder por las deudas de los trabajadores”, expresó Ramón Bejarano, jubilado y expreso político, quien planteó públicamente la creación de un fondo especial con bienes incautados en casos como los de Alex Saab y Plus Ultra.
Los manifestantes sostienen que existen más de 5.000 jubilados afectados solo en el estado Bolívar, muchos de ellos con entre 30 y 40 años de servicio en industrias estratégicas del país y que, pese a haber entregado su vida laboral al Estado, no recibieron prestaciones suficientes ni condiciones mínimas para enfrentar la jubilación.
La protesta también estuvo marcada por fuertes críticas a la gestión de la Inspectoría del Trabajo en la región. Los jubilados cuestionaron la actuación de Alfredo Spooner, recientemente removido de su cargo, a quien señalaron de no mediar adecuadamente en los conflictos laborales y de permanecer distante de las exigencias de los trabajadores.
“El estado Bolívar tiene uno de los peores historiales de conflictos laborales del país y miles de trabajadores siguen esperando respuestas”, denunció Bejarano, quien pidió que las nuevas autoridades laborales no continúen permitiendo violaciones a los derechos de empleados activos y jubilados.
Las manifestaciones reflejan el creciente descontento social entre antiguos trabajadores de las empresas básicas de Guayana, históricamente consideradas el corazón industrial de Venezuela, pero golpeadas durante los últimos años por la crisis económica, la caída de la producción y el deterioro de las condiciones laborales.