La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal imponer una orden de protección sobre las pruebas en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, alegando graves riesgos para la seguridad de testigos y la integridad del proceso judicial.
En un escrito dirigido al juez del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales advirtieron que parte del material probatorio contiene información sensible que podría exponer a testigos a intimidaciones, represalias o intentos de obstrucción de la justicia si no se establecen restricciones estrictas.
El punto central del conflicto radica en la intención de la defensa de compartir evidencia con otros acusados que permanecen fuera del alcance de la justicia estadounidense, entre ellos figuras como Diosdado Cabello y otros señalados en el expediente.
Según la Fiscalía, existe un “riesgo inaceptable” de que estos individuos utilicen la información para interferir en la investigación, afectar a testigos o incluso destruir pruebas clave.
Para evitarlo, el organismo propone un sistema escalonado de confidencialidad que limita el acceso a los documentos. Algunas pruebas quedarían completamente selladas, otras solo podrían ser revisadas por los abogados y, en los casos más sensibles, ni siquiera los propios acusados tendrían acceso directo.
El caso, que se sigue en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, ha ganado complejidad por la cantidad de implicados y la dimensión internacional de la investigación, considerada una de las más delicadas en la justicia estadounidense en los últimos años.
La decisión del juez sobre esta solicitud podría marcar el rumbo del proceso, especialmente en lo relativo al manejo de pruebas y la protección de testigos clave.