El Gobierno de Estados Unidos autorizó a empresas no estadounidenses a realizar transacciones relacionadas con petróleo, petroquímicos y minerales de Venezuela, siempre que se ajusten a un marco regulatorio específico establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La medida representa una de las mayores flexibilizaciones en materia energética desde 2019, al permitir nuevas operaciones comerciales sin riesgo de sanciones, aunque bajo estrictas condiciones de supervisión.
Entre las restricciones, Washington mantiene la prohibición de vínculos con actores asociados a países como Irán, Rusia o Cuba, así como controles sobre las entidades con las que se pueden realizar negocios.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que cualquier incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones para las empresas involucradas, especialmente si se determina apoyo a estructuras vinculadas al poder político en Venezuela.
Aunque no implica el levantamiento de sanciones, la decisión abre una vía controlada para la participación internacional en sectores estratégicos venezolanos, en un contexto de ajustes graduales en la política de Estados Unidos hacia el país.