El presidente de Chile, José Antonio Kast, suspendió este lunes un decreto que buscaba otorgar estatus legal a más de 182.000 migrantes inscritos en un proceso de empadronamiento, en una decisión que impacta directamente a miles de venezolanos residentes en el país.
La medida marca un giro en la política migratoria chilena, al descartar procesos de regularización masiva y priorizar el control fronterizo y la seguridad interna, según confirmó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los afectados, diversas estimaciones señalan que una parte significativa de los migrantes en Chile proviene de Venezuela, por lo que la decisión podría agravar la situación de miles de ciudadanos que permanecen en condición irregular.
En paralelo, el mandatario ordenó reforzar las medidas de seguridad en el norte del país. A solo días de asumir el cargo, Kast se trasladó a la región de Arica para supervisar la instalación de barreras físicas en la frontera con Perú, una de las principales rutas de ingreso irregular.
El gobierno fijó un plazo de 90 días para completar estas obras en las zonas fronterizas, como parte de un plan más amplio para contener el flujo migratorio.
La decisión ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones humanitarias, que advierten sobre el impacto social de estas medidas, especialmente en el caso de venezolanos que han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida.